Gobierno presentó proyecto de ley que crea Registro Nacional de Beneficiarios Finales

El pasado 18 de diciembre, el Ejecutivo ingresó al Senado un proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales. Esta iniciativa, obedece a diversas recomendaciones y estándares reconocidos por organismos internacionales (entre ellos la OCDE y Naciones Unidas) y en lo fundamental, como lo indica su nombre, busca establecer un registro nacional de personas beneficiarias finales, para entregar herramientas adicionales al Estado para combatir la corrupción, el crimen organizado, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias y otras obligaciones legales.

Al conocerse la identidad real de los beneficiarios finales, las autoridades pueden identificar posibles prácticas destinadas a evitar la aplicación de impuestos o disminuir de forma sustancial el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo que reduce las oportunidades para que individuos, empresas y otras entidades oculten sus ingresos y activos en estructuras jurídicas y otros vehículos financieros.

En los antecedentes del documento presentado al Senado, el Presidente de la República hace alusión a diversas organizaciones de la sociedad civil, así como también a académicos y académicas, que han hecho hincapié en la necesidad de contar con un registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Entre ellos se destaca el trabajo realizado por Jeannette von Wolfersdorff, cofundadora de la fundación Observatorio Fiscal, y por el socio de Agpp abogados Alberto Precht Rorris, ex Director Ejecutivo del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional (Chile Transparente), quienes publicaron el documento denominado “Un Registro de Beneficiarios Finales para Chile, Recomendaciones de Transparencia y Probidad” (2022), instando por la creación de este registro.

Para la elaboración de esta propuesta se creó una mesa intersectorial bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con la participación del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección de Compras y Contratación Pública y, desde la sociedad civil, Chile Transparente y la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal.